Leí por primera vez a José Antonio Vargas en The New Yorker, en una magnífica pieza sobre el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, y La red social, la película que cuenta la gestación del invento.
Vargas es un periodista de origen filipino, y también es el premio Pulitzer de este año por su labor como tal. Pero Vargas es, además, otra cosa: un inmigrante ilegal en Estados Unidos.
Apenas se ha dado seguimiento a su historia en España, pero es digna de ser contada independientemente: con su «salida del armario», Vargas también ha resucitado el debate que por aquellos lares tan espinoso resulta: ¿Por qué me quieres echar, si no hago más que contribuir a enriquecer a tu país? Él es uno de los grandes valedores de la campaña que en Twitter se viste con el hashtag #defineamerican (define estadounidense), y que persigue dar apoyo a los ilegales contando, ante todo, sus historias. También apoya, últimamente con gran vehemencia, la aprobación de la ley DREAM (Development, Relief and Education for Alien Minors: Desarrollo, Apoyo y Educación para los Menores Ilegales), que lleva 10 años rodando por Washington y que busca cambiar una situación profundamente injusta: casos de inmigrantes llegados con dos años, un cerebro brillante y un futuro por delante, expulsados o marginados por su origen.
No conviene confundir el problema de la inmigración allí con el que tenemos aquí, por una enorme cantidad de matices. Pero, de entre todos ellos, creo que deberíamos destacar el de que Estados Unidos es una nación fundada antesdeayer por eso, por toneladas de lo que hoy consideraríamos inmigrantes ilegales.
Ese problema, el de la incomprensión y la exclusión, es el que acaba conduciendo a situaciones tan dramáticas como la que hace unas horas se vivió en el siniestro penal de Huntsville: Humberto Leal, condenado a muerte por haber violado y matado a una muchacha de 16 años en 1994, recibía la inyección letal.
El propio Obama intervino para pedir al Tribunal Supremo que revisara la condena, y solicitó al gobernador de Texas, Rick Perry, que la suspendiera: Leal no había sido informado de que podía contactar con su consulado, saltándose la Convención de Viena. Perry vino a decir que Viena caía muy lejos, que un estado no tenía por qué hacerles caso, y siguió adelante.
El de Vargas y sus semejantes es un problema; el de Leal, otro. Pero ambos, a fin de cuentas, con un denominador común. De haber tenido el monstruo mexicano acceso a la misma defensa, o al menos a una asistencia legal decente, que cualquier otro estadounidense, quizás no estaría muerto. Quizás no se hubiera declarado culpable, quizás su destino se hubiera quedado en pudrirse en una cárcel en un país extranjero.
Los unos quieren que les digan por qué no son estadounidenses, los otros, que les expliquen qué les puede pasar. Los demás, nos conformaríamos con que una sociedad tan avanzada estuviera tan a la altura para estos asuntos como para todos los demás.
